El Tribunal Supremo de Bangladesh ha suspendido definitivamente este domingo el polémico sistema de cuotas de empleo de funcionarios que terminó desatando esta semana las protestas más mortíferas de los últimos años en el país, que se han saldado hasta ahora con más de un centenar de fallecidos y puesto en jaque al Gobierno de la hasta ahora intocable primera ministra, Sheik Hasina.
El antiguo sistema de cuotas rescatado el mes pasado estipulaba que un 30% de los puestos de trabajo de los funcionarios del país quedaba reservado a los descendientes de los combatientes de la guerra de independencia de Pakistán; una decisión considerada por los críticos, con las organizaciones de estudiantes a la cabeza, como un acto de discriminación.
La División de Apelaciones del Gobierno, para apaciguar los ánimos, pidió al Supremo que decidiera este domingo sobre la suspensión definitiva de un sistema cuyo retorno fue decidido por el propio tribunal.
Ahora, y según informa la filial bangladeshí de la cadena BBC, un 93% de los puestos será decidido por el mérito de los participantes en las oposiciones.
Los descendientes de los combatientes ven como el porcentaje reservado para ellos bajará desde un 30% al 5%. Otro 1% quedará reservado para las minorías y el 1 por ciento restante irán destinado a discapacitados e igualdad de género. El Gobierno, no obstante, se reserva el derecho de cambiar estos porcentajes, previa notificación al tribunal.
Toque de queda y apagón de las telecomunicaciones
El país ha recibido esta noticia en un día de "vacaciones" declaradas por el Gobierno para enmascarar el toque de queda todavía en vigor y que se prologará a lo largo de este domingo y, quizás, hasta el lunes, también declarado festivo por la administración.
El portal NetBlocks, especializado en el seguimiento del acceso a Internet en zonas de conflicto, informó el sábado por la noche de que las restricciones digitales ordenadas por las autoridades seguían en vigor, "un apagón que sigue obstaculizando a los observadores de los Derechos Humanos y a los medios independientes en un momento crítico".
Ahora mismo queda por ver si el dictamen del Supremo consigue apaciguar a una población que según iban pasando los días de protestas y se endurecía la represión policial extendieron sus críticas más allá del sistema de cuotas para dirigirse a la primera ministra, quien llegó a describir a los manifestantes con una de las palabras más ofensivas que podría haber empleado, "Razakar", los bangladeshíes que se unieron a Pakistán contra los independentistas.
Además, organizaciones humanitarias han pedido al Gobierno que inicie una investigación exhaustiva de la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas, que han dejado aproximadamente 113 muertos, según el recuento que han podido efectuar medios nacionales, todavía bastante inexacto. También exigen a las autoridades que liberen inmediatamente a varios activistas y políticos de oposición detenidos durante el toque de queda.
En este sentido, y acompañando al veredicto, el Supremo de Bangladesh ha instado al Gobierno a que comience lo antes posible las pesquisas pertinentes al respecto, según ha confirmado el abogado del Estado Shah Manjurul Haque, antes de expresar su confianza en que el dictamen del tribunal contribuiría a aliviar la tensión. "Espero que todo el mundo acepte el veredicto y que los estudiantes regresen a sus casas", ha manifestado.
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